El pais, en la década de los 70s, conoció una inusitada riqueza con la explotación del “oro negro” y, pronto, el gasto y el dispendio todo lo volvieron más fácil. Y se gastaron los escasos fondos públicos, hasta caer en la llamada “década perdida”.
Era el tiempo del “nacionalismo revolucionario”, coincidentemente alimentado con el primer ‘boom’ petrolero y la “sustitución de importaciones” y la creación de múltiples empresas y entidades estatales. El discurso político de esa época, impulsaba a todo nivel la presencia omnipresente del Estado. Y surgieron un sinnúmero de burócratas y tecnócratas.
Mientras la bonanza duró, las políticas eran similares a las de hoy en día: subsidios altos, gasto elevado y un burocratismo rampante y sin que las acciones y decisiones estén exentas de corrupción.
Siguiendo la inercia de las proclamas populistas, el Congreso de esa época duplicó los salarios ni más ni menos de 2 000 a 4 000 sucres. Sin embargo, no se había tomado en cuenta que el conjunto de la economía no podía resistir esos costos. Pero, en el año 1982 se produjo una macrodevaluación del 33%, y todos los precios de los productos se fueron a las nubes; al tiempo que, arrancaba una época de inestabilidad e inflación galopante que no culminaría hasta haberse depreciado la moneda en mil veces su valor original en el 2000.
Ahora, destaca Manuel Teràn (El Comercio, 9 enero 2008) aparecen preocupantes similitudes con esa etapa anterior a la crisis. Ecuador vive un derroche de recursos públicos que ha provocado en la ciudadanía la sensación que la bonanza no acabará; aunque para sostenerla, se tenga que castigar a la empresa privada con más impuestos y tasas.
La historia es una espiral (anota Terán) y la sobrevivencia de algunas empresas, y el precio de las materias primas hoy al alza tenderá a descender y los ingresos con los que ahora cuenta el erario se aminorarán, no obstante que los gastos permanecerán intactos.
Eso pondrá una presión tremenda sobre el tipo de cambio. Si a ello se suma que las empresas contarán con menos recursos por atender sus elevadas obligaciones y, además, deberán cumplir con el pago de salarios inflados artificiosamente (ahora que se habla de subir el sueldo mínimo en el 50%), la situación no luce para nada atrayente. No sería de extrañarse que sectores que emplean numerosa mano de obra, se vean en dificultades y tengan que despedir a parte de su plantilla. Más, si en los años subsiguientes, se continúa con la política de incrementar los salarios de manera antitécnica y de aumentar los impuestos.
El otro grave ámbito de incursión gubernamental, es la captación, por mandato constitucional, de un sinnúmero de sectores “estratégicos” para administrarlos. Inclusive aquellos que fueron incautados al Telégrafo, al grupo Isaías, a los deudores de la AGD,... A la luz de los resultados que se tienen, hemos vuelto a los errores del inepto “nacionalismo revolucionario” que no arrojó más que pérdidas y la difusión de una perniciosa propaganda gobiernista para sojuzgar a los pueblos.
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