Una “máxima” se aplica en el país: “Cuando el Gobierno gasta más, los ciudadanos gastan menos. La obra pública es pagada con fondos que son arrebatados a los ciudadanos”.
Las precedentes palabras son del economista liberal de origen austríaco Ludwig von Mises que son rescatadas por Sebastián Hurtado (El Comercio 10 septiembre 2008) mismas que resuenan muy oportunas hoy en que los ecuatorianos miramos con horror como -según el Observatorio de la Política Fiscal- el presupuesto global del Estado ecuatoriano superará en el año 2009 la escalofriante cifra de USD 30.000 millones.
El peso en la economía ecuatoriana del gasto total del sector público -que incluye al Gobierno Central, los gobiernos regionales, las entidades estatales autónomas, la Seguridad Social y las empresas estatales- se ha incrementado de manera constante en los últimos años pasando de representar el 25% del PIB (Producto Interno Bruto) en el año 2000 al 40% durante el 2008 y que en el 2009 alcanzará el 50% del PIB.
Los recursos son captados a través del cobro anual de impuestos, contribuciones y servicios a las personas y empresas, y, por otro lado, a través de la explotación de las reservas petroleras del país que reportarán este año ingresos al Estado por casi seis veces más de lo que obtuvo ocho años atrás. Aquí vale mencionar que muchos ecuatorianos tienden a asumir que esta segunda fuente de ingresos pertenece al Estado, pero aquello es así solamente desde que en los años sesenta y setenta los gobiernos nacionalistas decidieron ‘arrebatar’ a los ciudadanos los recursos del subsuelo al declararlos de exclusivo manejo estatal.
Una economía en la que el presupuesto gubernamental equivale a más del 50% de la producción nacional, recalca Hurtado, es en los hechos una economía socialista. La Constitución elaborada en Montecristi, al otorgarle al Estado facultades adicionales para intervenir , gracias a las competencias exclusivas por administrar, ampliará el tradicional carácter socialista que ha mantenido la economía ecuatoriana en las últimas décadas.
De esta manera, asegura Hurtado, el Estado podrá continuar ‘arrebatando’ a los ciudadanos una mayor cantidad de recursos económicos que, como ha sucedido antes, difícilmente ayudarán a promover el “bien común”, el “buen vivir” y mejorar el nivel de vida de la población; y más bien, servirán para engordar aún más un enorme ‘Godzilla’ gubernamental que ha probado ser más insaciable, torpe y destructivo que el monstruo de la ficción japonesa.
Dora de Ampuero (Revista Industrías, 24 abril 2007), en el análisis a un estudio de las economías de la OCDE y 60 naciones alrededor del mundo, elaborado por James Gwartney, Randal Holcombe y Robert Lawson, encontraron que “el nivel de gasto del gobierno que maximiza el crecimiento económico no es mayor que un 15% del PIB”, y “cuando el ámbito del gobierno se expande más allá de ese nivel, hay un impacto negativo en la riqueza de las naciones”.
En Ecuador, señala Dora de Ampuero, el real gasto público es más del 50% del PIB, razón que explica porque no podemos crear la riqueza que necesita nuestro país para mejorar el bienestar de sus ciudadanos.
De su parte, Gabriela Calderón (El Universo, 2 diciembre 2009) en base a un reporte de Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal: “En 2010, habrá 454 mil servidores públicos, o 3,2% de la población, cuyo mantenimiento costará a toda la sociedad más de 6.000 millones de dólares, equivalentes a toda la recaudación por impuesto a la renta e IVA. Al agregar los empleados de los gobiernos seccionales, las seguridades sociales y empresas públicas, serán cerca de 500 mil los servidores estatales. Entre 2007 y 2010, aumentaron 95 mil empleados del Estado”. Carrera agrega que “el costo de los trabajadores públicos representará más del 10% del PIB y 60% del gasto corriente para 2010. El tamaño del Estado en la economía pasó de ser 27% en 2007 a 40% en 2008 (un incremento de 70%)”.
Al 2010, el tamaño ciertamente habría bordeado el 50%. Y más todavía si al paso del tiempo se profundiza el socialismo y la intervención estatal, como ha venido advirtiendo Correa.
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